Los presidentes de ISC, Francisco Burillo; y del IIE, Carlos del Álamo, respectivamente, en el momento de la firma (de izquierda a derecha).

El Instituto de la Ingeniería de España y la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica suman esfuerzos para “contribuir a la mejora de la sociedad española”

noviembre 27, 2019

• Los presidentes de ambas entidades han rubricado hoy un convenio de colaboración en un acto celebrado en Madrid Martes,

El Instituto de la Ingeniería de España (IIE) y la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica (ISC) trabajarán conjuntamente “para contribuir a la mejora de la sociedad española”, según han expresado, gracias al convenio de colaboración que han firmado hoy para aunar esfuerzos y conectar las distintas y valiosas aportaciones que realizan desde ambas entidades. Carlos del Álamo Jiménez, presidente del IIE; y Francisco Burillo Mozota, presidente del ISC, han rubricado el acuerdo en el acto celebrado que se ha celebrado esta tarde en la sede del Instituto de la Ingeniería de España, en Madrid.

Gracias a este convenio, ambas entidades se comprometen a aunar esfuerzos para conectar las distintas y valiosas aportaciones que hacen asociaciones, fundaciones, colegios profesionales, y todo tipo de entidades profesionales, culturales y sociales, para componer, conjuntamente, una sinfonía de progreso que, con distintas visiones y enfoques, tenga como objetivo común aportar voz ciudadana contrastada al debate público abierto en España sobre los asuntos que preocupan en la actualidad a la sociedad civil, con especial atención al reto demográfico y al desarrollo rural. 

 

https://www.diariodeteruel.es/movil/noticia.asp?notid=1021077&secid=2

Aragón está en disposición de exigir una transición más justa por criterios objetivos de neutralidad climática, reto demográfico y política de cohesión europea

20-enero-2020 (Teruel)

• La compensación anual del CO2 que absorbe Serranía Celtibérica es de 383 millones de euros, 76 más de los anunciados para toda España del Fondo de Transición Justa

• El pulmón del sur de Europa es el mayor desierto demográfico, con menos de 8 hab/km2, y es una interregión rural remota y montañosa

• Además, el PIB per cápita de Serranía Celtibérica es tan solo de 7.615 €, lo que sitúa a esta interregión en el lugar más bajo de la zona euro cuya media es de 33.830 €

Aragón está en disposición de solicitar una transición más justa, atendiendo a criterios objetivos de neutralidad climática, reto demográfico y política de cohesión europea. Así se lo ha hecho saber el presidente de la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, Francisco Burillo, al consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno aragonés, Arturo Aliaga, en la carta que le ha hecho llegar hoy. En la misiva, Burillo destaca que, si España ha quedado relegada a recibir tan solo 307 millones de euros de la partida inicial de 7.500 millones que la Eurocámara destinará a las regiones mineras emisoras de CO2, dentro del programa “Acuerdo Verde Europeo”, es porque en el reparto no se han tenido en cuenta dichos criterios para evaluar la situación de estos territorios. Una situación que puede dar un giro de 180 grados, si se aplican los criterios europeos que han permitido delimitar el mayor desierto demográfico de Europa, la Serranía Celtibérica, en la que se encuentra la cuenca minera de Andorra, y que con una densidad de población de menos de 8 hab/km2 es además una interregión rural remota y montañosa por la que se debería exigir la aplicación urgente del artículo 174 de Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además, hay dos estudios en los que el Gobierno aragonés puede apoyar su reivindicación. Uno es el realizado por el consultor internacional de la FAO y miembro de la asociación, Dr. Javier García Pérez, bajo el título “El coste social del carbono: oportunidades en la Serranía Celtibérica”, según el cual, dicho territorio absorbe una media de 6 millones de toneladas de CO2, como pulmón del sur de Europa, y debería tener una compensación anual en torno a los 383 millones de euros de media, 76 millones más de los que la Eurocámara ha aprobado para la transición de todas las cuencas mineras de España. Y, otro, el realizado por el profesor de Econometría de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de la asociación, el Dr. Agustín Pablo Álvarez Herranz, que ha calculado el Producto Interior Bruto (PIB) per capita de Serranía Celtibérica con el resultado de 7.615 euros, lo que sitúa a esta interregión en el lugar más bajo de la zona euro cuya media es de 33.830 €. Por último, también se ha brindado colaboración, en este sentido, desde la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Lalla, tras sus recientes manifestaciones expresando su malestar por la escasa asignación a España del Fondo de Transición Justa; así como a la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

 Diario de Teruel

 

Pie de foto:

Nos sumamos hoy a la reivindicación de una transición justa para los territorios afectados por el cierre de la central térmica de Andorra, en consonancia con el “Acuerdo Verde Europeo”

Enero 11, 2020

Desde la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica nos sumamos hoy a la reivindicación de una transición justa para los territorios afectados por el cierre de la central térmica de Andorra, en consonancia con el “Acuerdo Verde Europeo” aprobado en diciembre por la Comisión Europea, por las siguientes razones:

La agenda planteada por el “Acuerdo Verde Europeo” prevé que los estados miembros presenten sus planes de energía y clima para finales de 2020, se revisen durante 2021 y que en 2023 se actualicen los planes nacionales.

Esta agenda contradice los planes de la futura vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que, como ministra, ya anunció el cierre de las minas de carbón y las centrales térmicas para mediados de 2020, y el destino de 600 millones de euros para garantizar una transición justa de las zonas afectadas.

Sin embargo, tanto el calendario planteado por el Gobierno de España, como las medidas anunciadas, sin concretar, contrastan, de manera notable, con las planificadas por el gobierno alemán, que llevará la eliminación del carbón al año 2038, con una inversión de 40.000 millones de euros para hacer frente a las transformaciones estructurales necesarias.

Teniendo en cuenta que las compensaciones del “Acuerdo Verde Europeo”, según las nuevas delimitaciones de las regiones rurales aprobadas por el Parlamento Europeo, deben aplicarse sobre las nuevas tipologías territoriales -áreas escasamente pobladas, agrupación de municipios con menos de 12,5 hab/km2, y muy escasamente pobladas, con menos de 8- las tres regiones de carbón en transición de España, Aragón, Asturias, y Castilla y León, deberían encuadrarse en las áreas de Serranía Celtibérica, para la primera -mayor desierto demográfico del sur de Europa, con una densidad de población de 7,02 hab/km2-, y Cordillera Cantábrica, para las otras dos.

Según se desprende del estudio realizado por el consultor internacional de la FAO y miembro de Instituto Serranía Celtibérica, Javier García Pérez, “El coste social del carbono: oportunidades en la Serranía Celtibérica” (http://www.celtiberica.es/documentos) los 600 millones de euros anunciados por la ministra como compensación al cierre del carbón y las térmicas no se ajustan a lo que por derecho correspondería a las zonas afectadas.

La Serranía Celtibérica, según dicho estudio, absorbe anualmente una media de 6 millones de toneladas de CO2, lo que le ha llevado a calificarla como el “pulmón del Sur de Europa”, valorando la compensación anual entre 309 y 457 millones de euros.

Dado que la central térmica de Andorra (Teruel) emite 4,6 millones de toneladas de anhídrido carbónico, en cifras del 2015, la Serranía Celtibérica todavía absorbe 1,4 toneladas, y ello sin contar los numerosos complejos eólicos existentes en su territorio, donde solo el de Maranchón (Guadalajara) evita la emisión de 0,46 toneladas anuales.

Ante esta situación, desde la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo de la Serranía Celtibérica se solicita al Gobierno de España un calendario realista, ajustado a la agenda europea y con medidas de compensación más ambiciosas que eviten la extinción definitiva de los territorios afectados.

 

Carlos Núñez, el gaitero español más internacional, durante su intervención en el Primer Encuentro “La España Abandonada y la Política de Cohesión Europea”

El Instituto Serranía Celtibérica impulsa el primer Foro de expertos de la España Abandonada

Mayo 20, 2019

• Más de 30 especialistas aportan su conocimiento en la Jornada “La España Abandonada y la Política de Cohesión Europea”, celebrada en la Oficina del Parlamento Europeo, y clausurada por el ex ministro Jaime Lamo de Espinosa y el gaitero español más internacional, Carlos Núñez

• Tras el encuentro, ya se han iniciado los trabajos para dotar de contenido a las 10 áreas escasamente pobladas de España para que el Gobierno pueda defender su reconocimiento en Europa

Más de 30 especialistas participaron en el Primer Encuentro sobre “La España Abandonada y la Política de Cohesión Europea”, celebrado el 14 de mayo en la Oficina del Parlamento Europeo, organizado por la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, con el patrocinio de la Asociación Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo; y la colaboración de la Asociación Española contra la Despoblación y la Plataforma Cívica Viriatos Zamora. La jornada contó con la asistencia de cerca de cien personas, dado el aforo de la sala, y fue retransmitida en directo a través del Canal Youtube Instituto Serranía Celtibérica, en inglés y en español, donde se pueden visionar de nuevo todas las ponencias. 

Se trata del primer encuentro de expertos que se organiza tras la reciente aprobación del nuevo Reglamento de disposiciones comunes de los Fondos Estructurales por el Parlamento Europeo, que, por primera vez, contempla la despoblación como criterio en el reparto de dichos fondos, así como la agrupación de municipios en áreas escasamente pobladas, con menos 12,5 hab/km2; y muy escasamente pobladas, con menos de 8 hab/km2. Un logro al que contribuyó el Instituto Serranía Celtibérica con la entrega de la cartografía de población de España y sur de Europa a la Vicepresidencia del Parlamento Europeo, realizada por la investigadora y experta en demografía Pilar Burillo, en los días previos a la votación de las enmiendas al reglamento, para que fueran reconocidas dichas áreas en el documento definitivo como territorios finalistas. 

Tras este éxito para la España Abandonada que, siguiendo los criterios de delimitación aprobados finalmente, se concreta en 10 interregiones, más de 30 especialistas, tanto del ámbito de la investigación universitaria, como de las principales entidades españolas conocedoras del patrimonio económico, agrícola, ganadero, forestal, arqueológico y cultural, se reunieron, por primera vez, para exponer, a lo largo de la intensa jornada, sus estudios y experiencias. 

El objetivo, profundizar en el conocimiento de la situación real de la España Abandonada, sus potencialidades y las vías de recuperación que ya se han aplicado con éxito para elaborar, a partir de ahora, el documento que permita al Gobierno de España solicitar en el Parlamento Europeo el reconocimiento de estos territorios.

Las 10 interregiones españolas

La jornada se abrió con la ponencia conjunta de Francisco Burillo, catedrático de Prehistoria, y Pilar Burillo, experta en SIG y análisis demográficos, que hablaron sobre “las interregiones desfavorecidas de España y la política de Cohesión Europea”, señalando que las 10 áreas españolas definidas por su despoblación, extrema ruralidad y dominantemente montañosas deben ser destinatarias de otras tantas Inversiones Territoriales Integradas (ITI), recibir fondos finalistas una discriminación positiva, tal como marca el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y se viene aplicando desde hace años en las Islas Canarias, debido a su insularidad. Jesús Alba, presidente de la Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón – Alto Tajo, planteó cómo dentro de la Serranía Celtibérica, el mayor desierto demográfico por despoblación de la Unión Europea, el Señorío de Molina, territorio español donde con una extensión muy superior a la provincia de Vizcaya presenta una densidad de 2,52 hab/km2, es la “Zona Cero” y el instituto tiene previsto centrar en él sus investigaciones. 

Por su parte, Agustín Pablo Álvarez, profesor titular de Econometría, expuso la metodología que ha aplicado para el cálculo del Producto Interior Bruto (PIB) de Serranía Celtibérica, pues el Instituto Nacional de Estadística (INE) solo tiene información para los municipios por encima de 1.000 habitantes, por lo que se carece de datos del 94,44% de sus municipios. Juanan Buedo, ingeniero de Edificación del Grupo Recoveco, mostró los análisis sobre indicadores sociales de la Serranía Celtibérica en materia de sanidad y educación, con propuestas sobre una nueva forma de organización. 

Capital natural

El capital natural, que hace referencia a los diferentes recursos naturales existentes en la España Abandonada tradicionalmente infravalorados y que deben ser la base de su desarrollo futuro, fue analizado desde diferentes ópticas. El capital natural correspondiente al aire y tierra fue expuesto por Miguel Ángel de Zavala, catedrático de Ecología, y por Emilio Menéndez, profesor honorario de Ecología. Ambos valoraron el conjunto de ecosistemas del territorio y las experiencias positivas de creación de actividades económicas, junto con la necesidad de alcanzar un equilibrio social entre las zonas menos pobladas y las ciudades. En lo referente al problema del calentamiento global, se debe tener en cuenta el estudio de Javier García Pérez sobre la absorción de CO2 en la Serranía Celtibérica, calificada como “el pulmón del Sur de Europa”, cifrando la compensación que deberían recibir sus habitantes entre 6.680 y 9.140 millones de euros a lo largo de los próximos 20 años. 

En las ponencias sobre el capital natural: bosques y paisaje, Eduardo Rojas Briales, decano del Colegio de Ingenieros de Montes, planteó transformar el problema de la despoblación en una oportunidad; desarrollar una gestión forestal activa que genere empleo a partir de sus recursos y servicios ambientales, lo que incidirá en preservar la biodiversidad, evitar la erosión y los incendios y actuar contra el cambio climático. Por su parte, Ana Belén Noriegas, secretaria general de la Asociación para la Sostenibilidad Forestal de España, expuso la importancia de la certificación de los bosques para una gestión forestal sostenible, desde una óptica ambiental, social y económica. José María Martín, ingeniero forestal, presentó su estudio y la metodología empleada para calcular el valor del paisaje del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, que cifra entre 44 y 111 millones de euros anuales. 

En lo referente al agua como capital natural, Enrique San Martín, profesor titular de Economía Aplicada, en representación del Grupo de Investigación del Tajo, presentó “los impactos socioeconómicos del trasvase Tajo–Segura sobre los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía”, demostrando el incumplimiento sistemático por parte de la administración de los proyectos de desarrollo, lo que ha supuesto un grave impacto socioeconómico y ambiental, con un descenso poblacional superior al 50%. Pablo Castán, presidente de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo (ADELPA), analizó el tema de las concesiones hidroeléctricas; en el Pirineo aragonés se han construido no menos de 30 presas con sus correspondientes centrales hidroeléctricas, inundando las mejores tierras de sus valles y obligando a emigrar a un buen número de sus habitantes, dando lugar que comarcas como el Sobrarbe tengan 3,43 hab/km2; los beneficios generados han carecido de compensaciones, por lo que plantean una modificación legislativa de la Ley de Aguas para que los beneficios de los saltos hidroeléctricos se destinen a la restitución económica y social de los municipios afectados.

El tema de la agricultura, la ganadería y la Política Agraria Comunitaria (PAC) fue analizada por una serie de ponentes. Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia, planteó la implantación de una agricultura ecológica, un desarrollo de la autoestima del mundo rural y la implantación de una PAC que no prime la producción. Ana Ruiz, gerente de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo (ADELPA) expuso la situación extrema en la que se encuentra la ganadería extensiva, principal actividad económica agropecuaria del Pirineo, fruto de la desaparición de los ganados y la falta de relevo generacional, lo que incide en la despoblación y en la progresiva desaparición de los ecosistemas de montaña; se hace necesario una política de apoyo al ganadero similar al existente en el Pirineo francés, independientemente de las sucesivas reformas de la PAC. Jesús Garzón, presidente de la Asociación Trashumancia y Naturaleza, Pastores sin Fronteras, señaló cómo la Ley de Vías Pecuarias de 1995 ha salvado 125.000 km de caminos ganaderos, que surcan de forma transversal toda España, lo cual ha impedido que desaparezca la trashumancia, cuyo desarrollo favorece la biodiversidad, combate el cambio climático, evita la erosión y favorece la repoblación. Fidel García Berlanga, presidente de la sección de Cuenca de la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica, señaló la necesidad de que se valore el mundo rural, que ha perdido su soberanía pero sigue alimentando al mundo urbano; expuso diferentes medidas para detener el proceso de “demotanasia”, especialmente en los territorios de muy baja densidad de población, con inversiones creadoras de riqueza y empleo y medidas de discriminación positiva; defendió la soberanía alimentaria con alimentos de alta calidad, todo lo contrario a las macrogranjas de cerdos, que cuenta con el 55% de subvención de la PAC, directa y en alimentación, generadoras de pocos empleos y de gran impacto ambiental. Félix Lozano, Jefe de la Unidad Geográfica desde 1988 a 2017 de la Comisión Europea en materia de Desarrollo Rural, analizó el proceso existente en la Política Agraria y Desarrollo Rural y la necesidad de influir en los nuevos europarlamentarios.

Capital cultural 

El capital cultural arqueológico fue analizado por los catedráticos de Prehistoria, Arturo Ruiz, de la Universidad de Jaén; Alonso Rodríguez, de la Universidad de Extremadura, y Francisco Burillo, de la Universidad de Zaragoza. A partir de sus investigaciones mostraron que el patrimonio arqueológico es consecuencia y resultado de las investigaciones realizadas desde el mundo académico y su transferencia supone la creación de identidad en el territorio y un desarrollo económico y social a través del turismo cultural. Sin embargo, según indicaron, no existe una valoración por parte de la administración de la real importancia de esta actividad, siendo necesario la creación de equipos estables de arqueólogos, siguiendo el modelo existente en Aragón para el grupo de paleontólogos responsables del Proyecto Dinópolis.

El capital inmaterial fue objeto de análisis de Natalia Díaz, comunicadora audiovisual de la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica. Díaz puso de manifiesto que queda poco tiempo, no más de quince años, para salvar el conocimiento ancestral del mundo rural en poder de los últimos campesinos; su memoria, según dijo, es el eslabón de una cadena que nos debe hacer tomar el testigo de nuestros mayores para que entre todos construyamos nuestra historia; “tenemos la responsabilidad de transmitir la memoria del futuro”, señaló. Y el gaitero español más internacional, Carlos Núñez, habló de la importancia de la colaboración con los arqueólogos para investigar sobre el origen de la música celta. También destacó “la necesidad de poner en valor nuestro patrimonio musical; tanto en España como en Latinoamérica pervive milagrosamente viva la música tradicional que enlaza con un pasado, tal como he podido demostrar en mi libro “La hermandad de los celtas””.

Capital humano

El capital humano contra la despoblación fue tratado por representantes de asociaciones y plataformas ciudadanas. Lidia Díaz Terán, presidenta de la Asociación Española contra la Despoblación, habló de la necesidad de acercar la cultura también al ámbito rural, mejorar las infraestructuras que vertebran el territorio, tener conectividad y los mismos derechos. Ana María Morillo Sánchez, de la Plataforma Cívica Viriatos Zamora, explicó el reparto injusto de Fondos Estructurales y de Compensación, la extinción del sector primario y la falsa sostenibilidad de los programas operativos. Marcos Alonso Alonso, portavoz de la plataforma anti-minería de Zamora No en Mi Tierra, expuso la proliferación de minería a cielo abierto en territorios con baja densidad de población, “el territorio” como moneda de cambio de Tratados Internacionales como el tratado de la Carta de la Energía que impide una transición ecológica real. Jose Luís Ros Maorad, de la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica, habló sobre el resultado fallido de las inversiones, de las políticas centralistas y la necesidad de unirse contra el reto demográfico para exigir los derechos que corresponden, como una discriminación fiscal positiva.

La jornada fue clausurada por Jaime Lamo de Espinosa, catedrático numerario de Economía y ministro de Agricultura de 1978 a 1981. Lamo de Espinosa felicitó a la organización de este encuentro y destacó la tarea realizada por la investigadora Pilar Burillo que había sabido visibilizar la situación extrema en que se encuentra España encabezando, con el 53% de su territorio, los países con despoblación de la Unión Europea, pues el siguiente es Portugal con el 24%. El que fuera ministro de Agricultura remitió a su libro “La Década Perdida. 1986-1996: La Agricultura Española en Europa”, para conocer los problemas suscitados con ocasión del mandato negociador de España con la Unión Europea, como horizonte de análisis en las negociaciones que se están realizando con la PAC.