Un Proyecto solidario y participativo para el desarrollo de las Áreas Escasamente Pobladas de España y de Europa
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Pilar Burillo Cuadrado, investigadora de la Universidad de Zaragoza

El Defensor del Pueblo destaca que el mapa sobre despoblación de Pilar Burillo recoge con “meridiana claridad” los datos demográficos y las áreas españolas escasamente pobladas

Junio 12, 2019

• La Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica ha expresado su agradecimiento al Defensor del Pueblo por este reconocimiento que ya ha servido para que el Parlamento Europeo contemple esta delimitación de las áreas escasamente pobladas en el futuro reparto de los fondos europeos

• También se espera que las indicaciones del Alto Comisionado de las Cortes Generales sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones sobre el futuro de los territorios delimitados

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, presentó ayer su “Informe Anual 2018” a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en cuyo epígrafe “La situación demográfica en España” se señala que “es de interés destacar lo expresado por Pilar Burillo-Cuadrado, investigadora de la Universidad de Zaragoza, que ha elaborado un mapa en el que destaca que solo el 5 % de la población española vive en el 54 % del territorio. Este territorio corresponde a 4.375 municipios, que son, igualmente, el 54 % de los 8.131 municipios que existen en nuestro país. El cuadro y el mapa elaborados por la citada investigadora -documentos que se incorporan al informe-, recogen con meridiana claridad los datos demográficos y las zonas de lo que se viene llamando áreas españolas escasamente pobladas”.

Desde la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica han expresado su agradecimiento al Defensor del Pueblo por su reconocimiento a la tarea realizada por Pilar Burillo, que ya sirvió, como se recoge también en el informe, para que en el nuevo Reglamento de disposiciones comunes para el reparto de los futuros fondos europeos, aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 14 de febrero, se reconociera “por primera vez la despoblación como potencial criterio de asignación”, considerando “áreas escasamente pobladas las que tienen una densidad de población inferior a 12,5 hab/km2 , y las muy escasamente pobladas aquellas que tienen menos de 8 hab.km2”. El Defensor del Pueblo también se refiere en su informe a las iniciativas que se han llevado a cabo desde el ámbito político para estudiar y buscar soluciones al problema de la despoblación. “Es el caso del Senado- señala-, que publicó el 17 de abril de 2015 los resultados de los trabajos realizados por la ponencia constituida en el seno de su Comisión de Entidades Locales para el estudio y la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España”. Resultados entre los que se incluían, según se recuerda desde el instituto: la declaración y reconocimiento de la cultura celtibérica como Patrimonio de la Humanidad; Impulsar la creación del “Instituto de Investigación de Desarrollo Rural «Serranía Celtibérica»”, con sede en el Campus de Teruel y en el Parque Arqueológico de Segeda, como centro piloto y de excelencia para la transferencia de I+D+i al desarrollo rural y considerar como sistema territorial integrado (ITI) la Serranía Celtibérica sin que, hasta ahora, se hayan llevado a cabo. El informe recuerda, como se viene haciendo desde el instituto, que “el artículo 174 del Tratado de la Unión Europea establece la necesidad de reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y eliminar el retraso de las menos favorecidas. Entre ellas, señala las zonas rurales, las zonas afectadas por distintas reconversiones industriales, mineras, etc. y las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes”. Desde el instituto se espera que las indicaciones del Defensor del Pueblo, “Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas” sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones que afecten directamente a los territorios reconocidos como áreas escasamente pobladas.  

 
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